La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Carla Humphrey, se pronunció a favor de que sean fiscalizados los actos anticipados conocidos como “pre precampañas”, en los que participan aspirantes de Morena rumbo a las elecciones de 2027, aunque aclaró que dicha responsabilidad corresponde a los organismos electorales estatales y no al órgano electoral nacional.

Previo a una sesión extraordinaria del Consejo General del INE, la consejera explicó que, al tratarse de procesos relacionados con elecciones locales y no federales, la supervisión del origen y destino de los recursos utilizados debe ser realizada por los Organismos Públicos Locales Electorales (Oples).

Humphrey rechazó que el INE esté siendo omiso ante estas actividades y aseguró que la legislación vigente delimita claramente las atribuciones de cada autoridad electoral. Añadió que hace falta una regulación específica para este tipo de actos políticos, los cuales han comenzado a presentarse antes del inicio formal de las precampañas.

Recordó que en 2027 estarán en disputa 17 gubernaturas, por lo que serán los institutos electorales estatales los encargados de determinar si existe un uso indebido de recursos o actos anticipados de campaña.

La consejera señaló que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha establecido mediante diversas resoluciones que corresponde primero a las autoridades locales definir si estas actividades constituyen infracciones a la legislación electoral, antes de que el INE pueda intervenir en materia de fiscalización.

Asimismo, precisó que el concepto de “pre precampaña” no está contemplado en la normativa electoral vigente y recordó que el Tribunal ha reconocido este tipo de actividades como parte de los procesos internos de los partidos políticos, por lo que consideró necesario establecer reglas claras que definan su funcionamiento y los límites legales aplicables.

Humphrey indicó que será necesario dar seguimiento a las actividades de los aspirantes, revisar el contenido de sus mensajes y la forma en que realizan sus recorridos o eventos, con el propósito de determinar si esos gastos deben contabilizarse posteriormente dentro de los informes de precampaña.

Finalmente, señaló que, como ocurre en cada proceso electoral, se prevé la presentación de denuncias por parte de ciudadanos y partidos políticos, las cuales deberán ser analizadas por las autoridades competentes para determinar si existieron irregularidades y, en su caso, incorporarlas a los procedimientos de fiscalización correspondientes.